SDP Jalisco

Un grupo de activistas de derechos humanos se manifestaron el día de ayer afuera de la  Comisión Estatal del Agua (CEA) para protestar por el despido de María Guadalupe Gordián Gómez, a quien despidieron sin justificación alguna, y exigir su reinstalación.

Elsa Stettner dijo que cuentan con una grabación donde funcionarios de la Dirección Jurídica instruyen a un par de empleados de la dependencia para que mientan como testigos en un juicio laboral en contra de la despedida.

Ahí, Luis Enrique Arvizú y Adriana Marisela Ruiz Navarrete, son dos empleados que se niegan a mentir ante las autoridades laborales apareciendo como falsos testigos, que en caso de no hacerlo, “lo harán a través de la fuerza pública”, lo que motivó la denuncia.

El hecho no sorprende sobre todo porque así es el estilo de gobernar de la administración panista. No se descarta que ya estén presionando a trabajadores y funcionarios a votar por ellos porque si no, “se les va a acabar la chamba”.

Karla Sofía Padilla Ledesma, es una de las personas que presiona a los dos trabajadores y señala: “sí creo que lo van hacer porque creo que son gente inteligente y tienen 10 años de trabajar”.

La manifestación resultó molesta para la dependencia que cerró puertas y negó entrevistas a los medios.

La Comisión Estatal del Agua (CEA) determinó que el rio Santiago sí presenta altos niveles de contaminación de distintos tipos, principalmente en la zona del arroyo El Ahogado y Paso de Guadalupe.  Así lo informó su director César Coll Carabias,  en rueda de prensa.

Coll Cararbias, convencido por primera vez desde que asumió el cargo, dijo que la situación del río en la zona del Ahogado y Paso de Guadalupe es crítica, pero negó que sea como para declarar zona de emergencia.

Informó que la dependencia realizó un muestreo en los 262 y medio kilómetros del río Santiago que cruzan el territorio de Jalisco y pudo constatar que la calidad del agua es de mala calidad.

Los estudios, sin embargo, solo servirán dijo; para reforzar la necesidad de instalar dos macroplantas de tratamiento con el apoyo de los 17 municipios por donde cruza el río.

Acompañado del director de Cuencas y Sustentabilidad de la CEA, Héctor Castañeda, este dijo que “en el estudio buscó principalmente metales pesados, entre ellos arsénico, cromo, mercurio y plomo, “pero no se detectaron mediciones superiores a los límites permitidos, excepto en el caso del cromo”, y que a lo sumo rebasa en una sola comunidad “no en todas”.

El informe se da más de un año después de la muerte del niño Miguel Angel López Rocha. En ese entonces las autoridades negaron que hubiera contaminación. Hasta un poderoso empresario dijo que se tomaba un buche de esa agua. 

Habitantes de Temacapulín señalaron que acudirán a instancias internacionales para denunciar el acoso y hostigamiento y ahora amenazas que sufren para construir la Presa del Zapotillo en esa región de los Altos de Jalisco, por lo que temen ahora una represión mayor.

Y tal y como lo informó el SDP Jalisco hace tiempo, los habitantes de Temacapulín señalaron que se planea realizar un encuentro internacional en ese lugar: “los ojos del mundo estarán sobre el caso de Temacapulín, pues se prevé que en este lugar se haga el Tercer Encuentro Mundial contra presas”.

Molestos por las recientes declaraciones de César Coll, Director de la CEA, que acusa al párroco de ese lugar de incitar a la violencia, se opusieron a que el próximo sábado sea el último día que tienen para vender sus fincas, según lo dicho también por José Luis Luege Tamargo, Director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Este proyecto va muy bien, es un proyecto de mediano y largo plazo. Hay mucho ruido y la gran cantidad del ruido que hay es de gente que vive en zona metropolitana. No dejamos de reconocer que hay gente que vive en Temacapulín y en las otras comunidades que siente incertidumbre por su futuro, pero conforme se les garantiza un traslado a una zona digna, con mejor infraestructura, con un mejor futuro económico para ellos y sus familias, la gente está firmando”, dijo José Luis Luege por su parte.

Los lugareños dijeron estar en contra de las amenazas de las expropiaciones que iniciará el gobierno  de manera que buscarán organismos internacionales que apoyen su demanda de vivir en ese lugar y que ha sido mas bien el Gobierno el que se ha opuesto al diálogo.

Sin embargo, contrario a como han dicho funcionarios del gobierno, que de afuera vienen los provocadores, sólo eran los habitantes de Temacapulín quienes expusieron sus demandas en la rueda de prensa de ayer.

En desagravio del sacerdote Gabriel Espinoza a quien han acusado de ser el principal alborotador dijeron: “aquí no hay líderes, todo el pueblo está siendo afectado y hasta andan diciendo que el Ejército nos va a venir a desalojar”.

Para Cesar Coll Carabias, Director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), toda información sobre la construcción de la presa en Temacapulín será reservada, ya que su uso “podría generar un conflicto social más grave, hasta llegar a la violencia.”  

De esta manera el Director de la CEA salió al paso nuevamente sobre el hecho de que diversos organismos desean saber cuánto les han ofrecido y a quiénes sobre las venta de sus casas para que ahí se construya la presa: “La hemos reservado porque desgraciadamente ha habido manifestaciones violentas por parte de un grupo de gente que está ahí, inclusive gente ajena totalmente a los habitantes de Temacapulín, han habido enfrentamientos verbales; nosotros lo que no queremos es que justamente esto pueda provocar un problema de violencia que puede llegar a no sé dónde.”, dijo.

Para Coll Carabias,  todo eso se hace para proteger a los pobladores que están dispuestos a negociar con la CEA ya que “cuando lo hacen, son agredidos por este grupo de opositores”.

Y aplicando sólo la reserva de los nombres y contrario a la ley de Transparencia del Estado se niegan a decir sobre el proceso: “la ley no limita reservar nada que no tenga gasto público, de hecho se reservan las actividades”, lo que podrían impugnar los solicitantes.

Por otra parte, acuso al sacerdote del lugar, Gabriel Espinoza,  de generar un ambiente de hostigamiento, ya que “desgraciadamente ha habido manifestaciones violentas”, sin precisar si hubo lesionados o heridos y detenciones de actos contra la ley.